La publicación de la propuesta y sentencia impuesta por el Frente de Guerra Oriental del ELN, a los oficiales de la policía y agentes del CTI, desató controversia política por este ejercicio legítimo de justicia de justicia revolucionaria.
¿Porqué es legítimo?
Gústeles, acéptenlo o no, a las instituciones, empresas mediáticas, partidos políticos y la burguesía colombiana, en el país vivimos un conflicto armado interno y, tanto el ELN como el estado burgués colombiano hemos asumido el Derecho Internacional Humanitario -DIH-. Según esta legislación internacional, las partes en conflicto tienen los mismos deberes y derechos.
En uno de los artículos de este tratado internacional, se habla de los prisioneros de guerra, que son aquellos combatientes o integrantes activos de alguna de los partes capturados en medio de las hostilidades, para los cuales quien los captura, deben brindarles lo allí enumerado.
Todos nuestros compañerxs que son capturadxs por los organismos del estado, no se les da ese trato de prisioneros de guerra al que tienen derecho, sino que son hacinados en las mazmorras del régimen con tratos crueles e inhumanos, muchos de ellxs son condenados con pruebas falsas y testigos pagos. A algunxs, incluso después de estar un largo periodo en esas mazmorras tienen que dejarlos en libertad por no tener pruebas, y en ningún caso, ningún organismo ni medio, salen a rechazar esas graves violaciones al DIH. Entonces no entendemos porque tanta alharaca, cuando el ELN lo que está haciendo es seguir y cumplir con lo establecido en ese tratado internacional.
Somos una insurgencia revolucionaria, no un cartel, no volamos tan bajo.
Tanto los miembros de las fuerzas armadas del estado, como los miembros del ELN, somos seres humanos, que estamos en diferentes bandos, con principios y propósitos diferentes, por eso el conflicto; pero a todos nos cobija la misma legislación internacional que ambas partes hemos asumido.
En todas las guerras y conflictos hay canjes o intercambio de prisioneros, entonces no entendemos, porque el estado colombiano rechaza este mecanismo como medio, para solucionar o lograr estas liberaciones.
