El actual gobierno, en el marco de su política de “paz total”, viene adelantando “diálogos regionales” con varias organizaciones delincuenciales en ciudades como Medellín, Buenaventura y Quibdó.
Aunque muchos sectores sociales, académicos y políticos del país han criticado este modelo de paz que en un inicio parecía no tener ni pies ni cabeza, con el paso del tiempo ha salido a la luz lo que se esconde tras bambalinas.
Y es que, ante la imposibilidad de desmovilizar al ELN, pretenden posicionar una serie de bandas y grupos armados en todo el país, en función del control territorial, para que protejan intereses económicos afines al capital nacional y transnacional.
En esta amalgama criminal todo sirve: desde los narcoparamilitares del Clan del Golfo, todas las disidencias de las extintas Farc, la banda neoparamilitar de HH en Nariño y hasta las bandas delincuenciales urbanas.
Hoy, el Clan de Golfo es la fuerza paraestatal más grande que tiene el estado, que cuenta con patente de corso para expandirse en todo el país, ejerciendo control social y militar en conjunto con las fuerzas oficiales del régimen.
Esta estructura paramilitar que se fortalece gracias al negocio del narcotráfico, a las alianzas con desmovilizados y disidentes de las extintas Farc y de carteles de droga transnacional, viene creciendo en hombres, armas y expansión territorial.
Además, subcontratan o tercerizan “servicios” con bandas criminales y aquellos que no se quieran someter a este esquema de “trabajo” son neutralizados de forma violenta con el apoyo de las fuerzas policivas del estado.
Fue así como se apoderaron de Medellín con el bloque Cacique Nutibara y su alianza con la oficina de Envigado. A través del pacto del fusil, lograron aglutinar todas las bandas del área metropolitana en un diseño contrainsurgente de ciudad-región.
Quibdó es una ciudad de apenas 144.610 habitantes, según el DANE, pero con una enorme problemática económica y social, donde se quiere imponer este mismo esquema de control social, ya sea mediante “laboratorios de paz urbana” o bajo el sometimiento militar del Clan del Golfo.
Bandas como Locos Yam, RPS y Mexicanos llevan un año en este espacio de supuesta “pacificación de la ciudad”, pero donde los índices de extorsión, homicidios y desplazamiento urbano en el 2024 han incrementado de manera alarmante.
Los mexicanos tienen injerencia en la mayoría de los barrios de la ciudad; operan en las comunas 5 y 6. Los Locos Yam tienen presencia en las comunas 1 y 5. RPS, conformado por jóvenes del barrio El Reposo, está en las comunas 1, 4 y 5. Estas bandas se dedican principalmente a la extorsión, el microtráfico y el sicariato.
Por su parte, el Clan del Golfo y los Z (otra de las bandas delincuenciales que fue sometida por el narcoparamilitarismo) avanzan en el control de las comunas 1, 4 y 5. Para controlar la ciudad han diseñado incluso un “Plan de Feminicidios” contra familiares y compañeras sentimentales de los miembros de las bandas en disputa.
En los departamentos de Antioquia, Chocó y Córdoba, donde el narcoparamilitarismo está más consolidado, el accionar de estos grupos está dedicado a la conservación del control territorial que hoy tienen y a expandir este modelo al resto del país.
Colombia, infortunadamente, se verá enfrentada en las próximas décadas a la degradación del conflicto armado interno, por cuenta de la proliferación de bandas y grupos de mercenarios que hoy son afines a los intereses del estado, hasta que sean traicionados por sus creadores, dejando a su paso una estela de muerte y destrucción social.
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Diciembre 10 de 2024
