En un mundo y una humanidad en crisis profunda, es inadmisible lo que sufre Palestina, donde un pueblo ha sido privado sistemáticamente de su derecho a existir, sometido a genocidio, despojándolo año tras año de su territorio y de sus más elementales derechos.
La lucha de resistencia del pueblo palestino nos obliga a examinar el estado de al menos tres problemas: el propio del derecho a la rebelión y a la resistencia, el del Derecho Internacional que han fundado los Estados o gobiernos en un sistema mundial de notables asimetrías, y en las diferentes dimensiones de la solidaridad y hermandad de los pueblos.
Sobre el derecho a resistir a la opresión, asistimos a un retroceso en las últimas décadas en cuanto al reconocimiento de un deber fundamental, como es el de sublevarse ante los designios genocidas, racistas y segregacionistas, el colonialismo en sus varias formas, la limpieza étnica, la ocupación y el imperialismo. Aunque los centros de poder capitalista, el sionismo y el nihilismo de una cultura de sometimiento, en especial en Europa, donde muchos olvidan que hasta ayer reclamaban el derecho a repeler por la fuerza al invasor nazi, han dictado que ya no procede alzarse en armas; en cambio, los pueblos que mantienen su dignidad en alto han enseñado lo contrario y han demandado que se defienda y actualice ese derecho, atribuyendo las capacidades y obligaciones que corresponden a las resistencias; en esto debemos todos seguir esa brega humanista y de justicia primaria, ¿quién dijo que el agresor u opresor con ventajas descomunales tiene “derecho a la legítima defensa”, y que el agredido u oprimido debe quedarse mirando cómo le asesinan, torturan y usurpan?
Precisamente, ese desfase del derecho internacional y la demencia del sistema global dominante, se han hecho evidentes al asistir cada día a la transmisión en vivo, en tiempo real, de un genocidio del que se ufana el agresor. Pese a los mecanismos de censura y tergiversación, en redes sociales, prensa y canales de televisión, hora a hora exhibe la masacre para la que Netanyahu pide complicidad; así, vemos lo que Israel ha pretendido ocultar matando periodistas y acallando muchos medios.
Dicha crisis del Derecho Internacional se expresa en la lenta, contradictoria e insuficiente reacción de instituciones judiciales como el Tribunal Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia que, aunque han emitido decisiones provisionales importantes señalando la responsabilidad del Estado israelí, dejan por fuera cadenas de mando y encubrimiento en la articulación de un plan de genocidio, pues es en Washington y muchas capitales de países europeos en donde se decide brindar armamento y apoyar de muchas maneras la mano sionista que lo arroja sobre Gaza, Cisjordania, Líbano, Damasco y otros lugares en los que buscan ‘arrojar gasolina’ al incendio que han creado.
¿Qué pasó hace veinte años?, en 2004 la Corte Internacional de Justicia emitió un fallo concluyendo que la construcción del infame muro de apartheid por parte de Israel en Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental y sus alrededores, viola el derecho internacional humanitario y los derechos humanos, y que debía ser derribado. Israel continuó su construcción, aumentó las medidas de castigo colectivo, de control militar, aprisionando cada día más a la población ocupada, mientras daba rienda suelta al proyecto colonialista que roba sus tierras y ejerce violencia sistemática. Existen además decenas de resoluciones y declaraciones en la ONU a favor de los derechos más elementales de Palestina, que Israel burla sin ninguna consecuencia por el apoyo del que goza por parte de otros Estados. Hoy Estados Unidos y Europa no sólo deben afrontar sus responsabilidades por lo que ocurre en el conflicto entre Rusia y Ucrania, sino por la devastación de Gaza.
Esa clave de causalidad, de búsqueda del origen de la resistencia, de su fundamento como derecho, ante el delirio de un genocidio del que es víctima el pueblo palestino, es lo que falta considerar por instancias internacionales y lo que será de ahora en adelante un claro desafío para todos. Por eso, saludando la importante e histórica petición del fiscal inglés Karim Khan, quien solicitó se expidan órdenes de arresto de dos jefes israelíes, de Benjamín Netanyahu y del ministro de Defensa Yoav Gallant, por crímenes como “matar deliberadamente de hambre a civiles”, “homicidio intencionado” y “exterminio y/o asesinato”, debe enfocarse en nuestra comprensión de esa decisión, que el viejo y perverso recurso de homologar responsabilidades, de hablar de “dos demonios”, es algo que no procede.
Sorprende que ante las pruebas contundentes, Khan no haya incluido el crimen de genocidio que comete Israel, como está demostrado ampliamente. Juristas palestinos y organizaciones internacionales han declarado cómo esa decisión del fiscal Khan, es – retrasada, – politizada, – no menciona la palabra genocidio o limpieza étnica, – no habla en nada de la Ocupación, – olvida por completo que la investigación se abrió el 27 de febrero de 2021 y que debería investigar todos los crímenes perpetrados por Israel desde 2014 en adelante (trata los crímenes israelíes sólo desde el 7 octubre de 2023). Dice Raji Sourani, director del Centro Palestino de Derechos Humanos de Gaza: “el retraso en la emisión de las órdenes de arresto nos costó al pueblo palestino decenas de miles de muertos y heridos en este periodo, entre ellos 14.000 niños, la destrucción del ochenta por ciento de Gaza, el hambre y el desplazamiento de prácticamente toda la población gazatí”.
La decadente cabeza del imperio, Biden, ha dicho que “no hay equivalencia –ninguna– entre Israel y Hamas”. Estamos en eso de acuerdo con él y con quienes en Europa han dicho lo mismo. Lo cometido por Israel es la barbarie organizada desde hace casi ochenta años, planificada, sistemática, inmensamente incomparable. Es como contrastar en su tiempo a Hitler y el poder del fascismo, frente a las acciones partisanas o de los Aliados (Gran Bretaña, EEUU y la Unión Soviética); no significa que desde la responsabilidad y el humanismo de las resistencias se desconozcan infracciones cometidas que cada fuerza debe explicar y corregir.
Por último, siendo aun del todo limitadas, es importante destacar las acciones de solidaridad con Palestina, como se ha expresado en las acampadas de universitarios en EEUU y en otras partes, así como diferentes formas de denuncia del sionismo y de los poderes que han posibilitado este genocidio; se hace necesario escalar en las manifestaciones y alternativas, buscando efectivas sanciones, boicot, desinversiones y rechazo a tratos de cualquier tipo con Israel mientras persista la ocupación de Palestina.
El reconocimiento de Palestina también como Estado, es básico si se plantea una solución fundada en el reconocimiento de ambas partes con igualdad para lograr una solución política, que devuelva a Palestina su territorio y la plenitud de derechos, pero es vacío si no se acompaña de la terminación efectiva de todo apoyo al sionismo, lo que significa en el caso colombiano dar el paso anunciado, de acabar todo convenio con Israel, además de promover la captura en cualquier parte del mundo de los altos mandos israelíes o activar recursos de jurisdicción universal, como es la obligación jurídica del Gobierno Petro. En lo inmediato, al haber declarado la Corte Internacional de Justicia este viernes 24 de mayo que Israel está incumpliendo de nuevo y que debe detener ya mismo la ofensiva en Rafah, los efectos de repulsa no se deben hacer esperar por parte de Colombia.
Bienvenida entonces la persecución penal a los genocidas israelíes; es todavía muy poco lo anunciado, pero es un comienzo; debe ahora demandarse que sus cómplices en Washington, Londres, Berlín, Buenos Aires, etc., sean también procesados y que los dobles raseros del Derecho Internacional se superen. Esa necesidad, o la cumplen los Estados con sus mecanismos, o deberían hacerla cumplir los pueblos acudiendo a nuevas formas de justicia y rebeldía.
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INSURRECCIÓN 949
